
Los Consejos Generales de Ingeniería en Informática e Ingeniería Técnica en Informática manifiestan su preocupación ante la noticia aparecida en los medios, en la que se dice que “sólo 5 de los 60 miembros de la plantilla del Servicio Central de Informática del Tribunal de Cuentas tienen una cualificación adecuada al puesto que ocupan”.
Tanto desde los Consejos Generales a nivel nacional como desde cada uno de los colegios profesionales autonómicos se ha venido reclamando ante las distintas administraciones que salgan del inmovilismo y aborden la regulación profesional en el ámbito de la informática.
En este sentido, los Colegios de Ingenieros e Ingenieros Técnicos en Informática de la Comunidad Valenciana, con el apoyo de las Universidades, de la Comunidad y de los Consejos Generales CCII y CONCITI, consiguieron en julio de 2010 que en la Ley de Función Pública se creasen dos cuerpos propios, el Cuerpo Superior de Ingenieros en Informática (A1) y el Cuerpo de Gestión de Ingeniería Técnica en Informática (A2), a los que únicamente se puede acceder respectivamente con los títulos de Ingeniería en Informática o Ingeniería Técnica en Informática, o las correspondientes titulaciones del EEES que vinculen con el ejercicio de mencionadas profesiones. Sin embargo, los esfuerzos por trasladar este avance al resto de comunidades autónomas han sido inútiles hasta la fecha.
Desafortunadamente esta situación de falta regulación no afecta únicamente a las Administraciones Públicas ya que en la actualidad no existe ningún tipo de regulación profesional en el ámbito de las Ingenierías en Informática. Esto supone, por ejemplo, que no existe ninguna restricción para las empresas a la hora de contratar personal para la implantación, gestión, auditoría y certificación de la calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, aplicaciones y productos informáticos de aeropuertos, hospitales, centrales nucleares, infraestructuras ferroviarias y de transporte y demás infraestructuras críticas.
Los sistemas informáticos están presentes en todos los ámbitos de nuestras vidas y afectan a aspectos tan trascendentales como la seguridad de las personas, la protección de datos personales, la ciberseguridad o la economía por lo que urge una apuesta decidida por parte del Gobierno para regular el ejercicio profesional en estos ámbitos.
Si bien nunca se puede juzgar sin conocer los detalles cuál es la preparación de los citados profesionales, ya que efectivamente existen multitud de casos de técnicos informáticos que a pesar de no tener formación reglada les avala una experiencia y trayectoria de años, es cierto que este caso pone de nuevo de manifiesto la incongruencia a la que se enfrenta nuestra profesión: se invierte dinero público en formar decenas de miles de profesionales en todo el territorio nacional, y luego no se saca partido a esa inversión al no fomentar las contrataciones de los profesionales más cualificados.
Lo que ocurre con la Ingeniería Informática en España es un despropósito que se explica cuando se traslada a otra profesión: es como si tras formar a miles de cirujanos, no se exigiera la titulación para cubrir nuevas plazas para realizar operaciones. Sería una irresponsabilidad y una pésima inversión.
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