03/03/2011 - El freno al mapa eólico deja 1.200 millones en el aire

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Preocupación, enfado, temor a que las empresas tengan que renunciar a sus inversiones en energía eólica en Catalunya por la inseguridad jurídica creada... Los promotores eólicos acogieron ayer con una suma de todos estos sentimientos la decisión del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de suspender cautelarmente el decreto del gobierno tripartito para designar las zonas de implantación de los futuros parques eólicos. El referido acuerdo, adoptado por el anterior gobierno el 1 de junio del 2010, deja en el aire –nunca mejor dicho– y rodeado de grandes incertidumbres el amplio desembarco de inversiones derivadas de la aplicación de la normativa que ahora queda anulada. El Gobierno catalán, mientras tanto, aún no ha decidido si recurrirá la resolución del juez.

De hecho, todas las inversiones previstas en Catalunya para el desarrollo de la energía eólica podrían verse afectadas o se hallan condicionadas por la decisión de los jueces, según fuentes próximas a la Associació Eòlica de Catalunya (EolicCat), que reúne a más de 50 empresas del sector. Los jueces han tumbado la designación de las zonas de implantación de los nuevos parques eólicos con el argumento de que la Administración no sometió esta normativa al trámite previsto en la ley catalana de evaluación ambiental de planes y programas (2009). Esta ley exige efectuar un examen ambiental estratégico global de las grandes obras e infraestructuras; y exige este requisito expresamente para planificación de la energía eólica, según recuerdan los jueces.

Sectores muy diversos coincidieron en que la suspensión cautelar es una medida desproporcionada, pues pone en riesgo el futuro de la energía eólica en Catalunya. El anterior gobierno estimó en 1.250 millones la inversión directa relacionada con la creación de las siete zonas de desarrollo eólico prioritario en Catalunya, donde está previsto implantar 769 MW eólicos.

Fuentes de EolicCat indicaron que el principal problema es la inseguridad jurídica producida, puesto que aunque la Generalitat presente un recurso de súplica al juez (e, incluso, éste dé la razón al final a la Administración y allane el camino a la normativa cuestionada), todo indica que la resolución judicial definitiva se retrasará un largo periodo de tiempo, lo que puede generar grandes interrogantes sobre estas inversiones. “Ha costado mucho ganarse la confianza de los bancos para que se comprometan con los promotores en la financiación de estos parques, y si ahora ven que estas inversiones pueden ser problemáticas, se preguntarán qué garantías jurídicas hay para asegurar que serán rentables”, exponía uno de estos promotores. Detrás de los proyectos de nuevos parques eólicos se encuentra capital exclusivamente privado.

Las incertidumbres, según EolicCat, afectan no sólo a los nuevos parques eólicos adjudicados por el gobierno catalán (en noviembre del 2010), sino que también está en juego el futuro y la viabilidad de los parques ya autorizados en virtud de la anterior tramitación (1060MW)e incluso otros que estaban en trámites y fase de información pública (760 MW). Todos estos proyectos esperaban poder beneficiarse de las mejores conexiones a la red de transporte eléctrico (para evacuar la electricidad verde producida) derivada de las nuevas zonas para los parques eólicos.

El conseller de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena, recordó al juez que “hay que poner los pies en el suelo y ser conscientes de que la garantía de suministro eléctrico es imprescindible”.

En una línea similar, Frederic Ximeno, ex director general de Polítiques Ambientals del anterior gobierno, juzga que la decisión judicial es “desmesurada” y “pone en riesgo las posibilidad de incrementar el suministro energético en Catalunya”. En su opinión, los daños y pérdidas de todo tipo “son de tal cuantía que no se comprende una decisión de este calibre”. El tripartito debatió jurídicamente en su día si era necesario que la implantación de los nuevos parques eólicos tenía ser sometida a la evaluación ambiental estratégica; y los servicios jurídicos dijeron que no.

Ximeno sostiene que el desarrollo de las nuevas zonas para la energía limpia “tenía como base legal el mapa eólico del gobierno de CiU, en el que se llevaba a cabo la planificación de la implantación de la energía eólica”. “Nosotros –remacha– no llevamos a cabo una nueva planificación, sino un nuevo procedimiento para implantar los parques. Por eso, se eligieron las zonas idóneas y se sometieron a concurso público”, dice Ximeno. El ex director general agrega que por ello la delimitación de las referidas zonas contó con un informe ambiental global e informes ambientales específicos para cada una de ellas sometidos a exposición pública, así como con informe ambiental posterior a las alegaciones.

El entonces director general señala que “Medi Ambient tuvo muy en cuenta la integración ambiental de los nuevos parques eólicos que se iban a construir” y que por eso, al mapa eólico de CiU (que definía la idoneidad de las áreas para acoger los molinos de viento en función de si eran aptas, no aptas o condicionadas) se añadían otros estudios para excluir la ubicación de los aerogeneradores en zonas de valor ecológico (Red Natura 2000, ecosistemas de águilas perdiceras...).

Ramon Espadaler, portavoz adjunto de CiU, destacó que cualquier retraso en el impulso de la energía eólica “es peligroso” vistas las restricciones que pone el Gobierno a los proyectos que pueden beneficiarse de primas, incluido el registro en Industria. El riesgo es que “otros proyectos de fuera de Catalunya cojan la delantera y obtenga esas ayudas”, dice Espadaler.

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