El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente la regulación de las energías renovables. Tal y como adelantó hoy el diario elEconomista, el tijeretazo que finalmente se aplicará a la energía fotovoltaica será del 45% para las instalaciones en suelo, del 25% para los tejados medianos y del 5% para los pequeños.
Estos recortes se aplicarán a partir de la primera convocatoria del registro trimestral de preasignación a partir de la entrada en vigor del real decreto, esto es,a partir de la cuarta convocatoria de 2010.
El Ejecutivo espera que la reducción las tarifas reguladas que se introduce para las instalaciones fotovoltaicas suponga un ahorro de 607,2 millones hasta 2013, a razón de 141,5 millones en 2011, 202,3 millones en 2012 y 263,4 millones en 2013.
También se reduce la vida útil de este tipo de centrales, que se rebaja desde los 30 años en los que estaba anteriormente hasta los 25 años. El Consejo de Estado ha avalado la normativa, aprobada hoy por el Gobierno y que limita también el tamaño de las instalaciones, de modo que todas las plantas superiores a 50MW de eólica y termosolar no tendrán derecho a recibir prima.
En palabras del vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, el decreto aprobado hoy forma parte de las "distintas normas" sobre renovables en las que trabaja el Ejecutivo, algunas de ellas "pactadas con el sector y otras no".
La nueva normativa modifica tres reales decretos anteriores, que son el 661/2007, por el que se regula la producción de energía eléctrica en régimen especial; el 1110/2007, por el que se aprueba el reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico, y el 1578/2008, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica.
Esta normativa, no es retroactiva, ya que sólo se aplicará a las centrales que se inscriban en la próxima convocatoria del preregistro de asignación de primas. Cuando el lío con las renovables parece que comienza a clarificarse se complica el provocado por el Real decreto de fomento de la utilización del carbón nacional.
HC Energia y E.ON se han puesto manos a la obra para defender sus centrales de carbón nacional. Ambas empresas han presentado un recurso ante la decisión de la Audiencia Nacional y del Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo de paralizar el decreto del carbón. La intención de ambas compañías es apoyar a sus plantas, así como al Gobierno, porque consideran que únicamente hay en juego 300 millones frente a los 6.000 millones que reciben las renovables.
A todo este caos se sumó el consejero aragonés de Industria, Arturo Aliaga, que aseguró ayer que Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa habían llegado a un "principio de acuerdo" con Industria por el que aceptan quemar carbón nacional, al parecer hasta fin de año, pero sin retirar los recursos contra el Real Decreto que prima el consumo de carbón español en las centrales.
Aliaga ha asegurado este acuerdo durante su comparecencia en las Cortes de Aragón, a petición del PP, para informar de la situación de la Térmica de Andorra (Teruel), del sector del carbón y sus empresas auxiliares, así como de las gestiones del Gobierno para garantizar el futuro de las comarcas mineras aragonesas. Fuentes de Industria, por contra, no ratificaron la existencia de dicho acuerdo.
No obstante, en el sector se espera una solución negociada al problema, que pasaría por compensar a las centrales de carbón de importación y al gas por el lucro cesante que les supone el incentivar el consumo de mineral nacional.
Al mismo tiempo, las miradas se dirigían al Banco Central Europeo, que tenía que analizar en su Junta de Gobernadores la aprobación del tipo de cambio en ventanilla de la colocación del déficit de tarifa de 3.000 millones.
A estas alturas, las versiones que llegan son contradictorias. Por un lado, se asegura que se había dado luz verde a la colocación, tal y como la propia vicepresidenta del Gobierno, Elena Salgado, le prometió personalmente a las eléctricas, mientras que por otro lado, las informaciones que llegan a otra eléctrica son que el asunto no se había analizado en la reunión de los gobernadores.
Por otro lado, Iberdrola tiene previsto invertir más de 2.000 millones de euros en un proyecto "muy ambicioso" en la provincia de Cuenca, que generará 1.300 megavatios de energía eólica. Así lo anunció el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, tras reunirse con el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
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