07/10/2015 - Las Asociaciones Territoriales de ingeniería piden al Gobierno que restrinja de forma notable las encomiendas de gestión

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El sector privado de la ingeniería de consulta española goza de gran solvencia y capacidad demostrada, siendo uno de  los  principales  responsables  de  la  enorme  transformación  de España en los últimos 30 años. En los últimos tiempos, esta solvencia viene siendo contrastada por el desarrollo y el reconocimiento internacional de nuestras empresas de ingeniería.

Sin embargo, bajo el paraguas de “atender fines de servicio público”, nuestras administraciones, especialmente el gobierno de la nación, compiten con un sector privado maduro y solvente sin preservar para ello condiciones de igualdad siempre.

La vía más habitual de competencia de lo público es a través de las llamadas encomiendas de gestión. Esta es una figura del derecho administrativo que permite el encargo directo a los medios propios de la administración bajo la razón de eficacia. Aunque para su uso más cabal y justo deberían concurrir sobre todos los requisitos de emergencia, urgencia y seguridad nacional.

Es un hecho que se está abusando de esta figura al utilizarla para encargos que no tienen ninguna de las características señaladas. Hay gran cantidad de ejemplos, reflejamos aquí solo algunos bien significativos.

Tal y como recoge el portal de Transparencia del Gobierno de España en el periodo transcurrido de 2015, la sociedad pública Ingeniería y Economía  del  Transporte  INECO  recibe  todo  tipo  de  encomiendas como por ejemplo:

- Asistencia técnica y jurídica para la tramitación de expropiaciones de la Demarcación de Carreteras de Murcia. 2 millones de euros.

- Redacción de proyectos de trazado y construcción: autovía del Mediterráneo A-7 tramo: la Mora-la puebla de Montornes. Tarragona.  814.000 € 6 meses.

- Redacción del estudio informativo del proyecto para la conexión entre la línea convencional y la línea de alta velocidad en el entorno del Alborç del Penedés. 270.000 €

- Encomienda de la Dirección General de Aviación Civil para afecciones aeroportuarias.  1.950.000 €

- Apoyo en la elaboración del estudio de viabilidad del corredor ferroviario Lorca-Granada. 90.000 €

- Apoyo estudio informativo de la conexión entre las líneas de alta velocidad de Madrid-Sevilla y Córdoba-Málaga. 190.000 €

- Redacción del  proyecto  de trazado  y  construcción de  N-550. Variante de Ordes A Coruña. 1.060.000 €

- Redacción de proyecto de A-76 Ponferrada. Villamartín de la Abadía. León. 724.000 €

- Dirección de obras de tramo de autovía Mudéjar A-23, Congosto Arguís en Huesca. 1.430.000 €

- Encomienda  para  la  redacción  de  proyectos  y  direcciones facultativas para la ejecución del plan de estaciones de RENFE 2014-2015 por 13,6 millones de euros.

ADIF ha encargado en los 6 primeros meses de 2015 por valor de 35,8 millones de euros de los 61,1 totales invertidos.

Hasta 30 encomiendas se pueden encontrar este año, referentes a materia de carreteras y aeroportuarias.

Esto ha provocado que la cifra de negocios de la sociedad INECO haya superado  en  los  ejercicios  2013  y  2014  (unos  años  exiguos  en inversión pública) los 180 millones de euros. En concreto, INECO facturó, en 2014, 125 millones de euros en el mercado nacional.

La plantilla de INECO ha ido aumentando hasta alcanzar los 2366 empleados. (Datos web corporativa INECO).

Grupo TRAGSA cerró el ejercicio 2014 con una cifra de negocio de 625 millones de euros, de los que 119 se corresponden con servicios de estudio, apoyo técnico y consultoría a través de su filial TRAGSATEC. Estas cifras aumentan en relación a 2013 que serían respectivamente 613 y 113 millones de euros.

La Administración Central le ha realizado encargos por valor de 331 millones de euros y las CCAA por valor de 222 millones de euros.

TRAGSA soporta unos costes de personal de 392 millones de euros al año.

Estos   ejemplos   contradicen,   y   algo   más,   la   directiva   europea 2014/24/EU sobre contratación pública que limita expresamente el empleo de las encomiendas de gestión, especialmente en el sector de los Servicios Avanzados del que forman parte destacada la Consultoría e Ingeniería de Consulta.

Se da el hecho, además, de que en numerosas ocasiones las encomiendas de gestión de las Administraciones Publicas a favor de sus empresas, se otorgan para realizar tareas que están fuera del objeto social de las mismas, lo que contradice la normativa administrativa aplicable, como son, por ejemplo, las encomiendas de Tragsa para prestar servicios de limpieza en calles o centros públicos.

Pero, además, ocurre que en no pocas ocasiones las empresas públicas subastan parte de los trabajos que les adjudican las administraciones en el sector privado. Esto podría suponer cuanto menos una grave anomalía administrativa al fragmentar las encomiendas y subastar determinados trabajos. Esta práctica debería quedar muy restringida en la nueva legislación que se prepara.

Sirva de ejemplo el concurso licitado en mayo de 2015 por la dirección general de carreteras para la redacción de remodelación de un enlace de la M-40 con la A-6 por 502.000 €, posteriormente anulado en junio 2015 para encomendarlo a INECO. Finalmente INECO subcontrata los servicios del cálculo de las estructuras necesarias para ese enlace por 73.000 €.

Mientras que los honorarios de los ingenieros de las empresas públicas están fijados según convenio, de tal manera que un titulado superior de más de 15 años de experiencia supone 10.822 €/mes que es igual a 130.000 €/año sin IVA, en el mercado privado y debido al sistema de contratación, no queda más remedio que ofrecer los mismos servicios por menos de la mitad.   En cualquier caso la comparación entre las tarifas de INECO y el convenio colectivo nacional del sector genera cuando menos asombro.

Por otra parte, la competencia a nuestras empresas privadas de ingeniería y consultoría con las empresas públicas españolas en el exterior carece de sentido, nunca debería de darse. El apoyo del Ministerio de Asuntos exteriores es claramente desigual entre unas y otras.

Por último la empresa ISDEFE, Ingeniería de sistemas para la defensa de España, dependiente del Ministerio de Defensa, ha sido la única empresa pública estatal que ha atendido completamente el requerimiento de información de todas las encomiendas recibidas en el periodo 2010-2015, aportando una cifra total de 183 millones de euros

Además, la obra pública española, a diferencia del resto de Europa y los países equiparables en nivel de desarrollo a España en el mundo, soporta un nivel de adjudicación de servicios de ingeniería y consultoría, basado en el precio. Se confunde intencionadamente el concepto de “oferta económicamente más ventajosa” con el precio más bajo. Con ello se está devaluando a nuestro sector al que se le conduce a ser una ingeniería y consultoría “low cost” que, generalmente, supone costes elevadísimos en fases posteriores mediante desviaciones, imprevistos, calidad, mantenimiento, etc.

En consecuencia, las Asociaciones Territoriales de empresas de ingeniería que firman este comunicado y que representan a 248 empresas del sector en toda España, solicitan a las administraciones públicas actuales y las futuras que:

1.- Detengan las encomiendas de gestión limitando su empleo estrictamente a los supuestos que fija la Ley, y dejen de competir con las  empresas  privadas  tanto  en  mercado  nacional  como  el internacional. Para ello se deben adoptar medidas legislativas de restricción de la competencia desleal que supone el desmedido empleo de estas figuras para fines distintos de los de servicio público, y para limitar la financiación de estas entidades al coste del servicio público que prestan. La futura trasposición de la Directiva 24/2014, debería incorporar explícitamente estos requisitos.

2.- Que los responsables de la inversión y planificación de las infraestructuras  españolas  revisen  sus  políticas,  destinando  la inversión suficiente para el mantenimiento del parque de infraestructuras que se ha dotado nuestro país   y para que la modernización no se detenga.

3.- Que considere que el impulso de la internacionalización del sector privado de ingeniería de consulta es un factor de competitividad para nuestro país.

Firmado

AGEINCO, GALICIA, Marta Gallego Ramos, Secretaria General. ACALINCO, CASTILLA Y LEON, Roberto Garcia Garcia, Presidente. AVIC, PAIS VASCO, Borja Ormaetxea, Vocal Junta Directiva. ASINCAR, ARAGON, Victorino Zorraquino Lozano, Presidente. ASINCA, CATALUÑA, Josep Túnica i Buira, Presidente.

ASICMA, COMUNIDAD DE MADRID, Pedro Canalejo Marcos, Presidente.

TECNIMED, COMUNIDAD VALENCIANA, José Maria Tomás Llavador, Presidente.

ASICA, ANDALUCIA, Ignacio Sánchez de la Mora Andrés, Presidente y Portavoz.

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