
El ministerio de Industria no quiere que el coste de las renovables se le vaya de las manos y el pasado viernes optó por aprobar una moratoria para las energías verdes que previsiblemente se prolongará más allá de 2012.
Ante el riesgo de dejar paralizada a la industria, el departamento de José Manuel Soria prevé la posibilidad de establecer regímenes económicos específicos para determinadas instalaciones del régimen especial.
Para fijar estos regímenes, la normativa considera que se podrá tener en cuenta la potencia instalada, el nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución a la mejora del medio ambiente, el ahorro de energía primaria, la eficiencia energética, la producción de calor útil económicamente justificable, teniendo en cuentas unas tasas de rentabilidad razonables con referencia al coste del dinero en el mercado de capitales.
Según los datos del Plan de Energías Renovables, alrededor de 13.000 MW estarían en estos momentos sin una retribución clara. Esta es la potencia a instalar prevista entre el periodo 2015 a 2020 y, por lo tanto, no se instalarán mientras no haya un marco retributivo claro.
Esta nueva normativa supone una paralización de inversión en tecnologías menos maduras como la geotérmica, la eólica marina o las plantas de energía hidrocinética, del oleaje o maremotriz.
Subastas de capacidad
El ministerio de Industria anuncia también en el decreto Ley que prepara un nuevo modelo retributivo para las renovables que en la práctica resulte más barato para el consumidor y que permita incentivar la reducción de costes aprovechando la curva de aprendizaje y propiciando la captura de la maduración de las tecnologías al estilo de otros países de la Unión Europea.
Por este motivo, parece lógico pensar que el Gobierno optará por un sistema de subastas de capacidad para que los precios sean descendentes, tal y como ya permite la ley del sector eléctrico.
Con esta medida se intenta evitar repartir errores como el de la termosolar con 2.545 MW pre registrados todos al mismo precio y sin avances tecnológicos.
La suspensión de las primas además se vislumbra para largo tiempo, ya que el decreto ley fija la suspensión de las convocatorias para la fotovoltaica para las de 2012 y sucesivos y deja en manos del Gobierno la posibilidad de restablecer reglamentariamente la inscripción cuando "el contexto energético así lo requiera".
De este modo, el Gobierno está intentando desplazar la construcción de nuevas instalaciones para los últimos años a fin de poder cumplir con los requisitos de la Unión Europea y de aprovechar una posible mejoría de la demanda para dar entrada a estas centrales sin dañar inversiones ya realizadas en ciclos combinados.
Asimismo, Industria también abre la puerta a la regulación del autoconsumo del que asegura que tiene la regulación ya en curso (la CNE dictaminó el pasado 17 de diciembre) pero no concreta nada sobre su puesta en funcionamiento para permitir el balance neto de electricidad.
El sector, entretanto, ya se dispone a tomar medidas en contra de este decreto ley. Por este motivo, han solicitado reuniones urgentes con Industria y en algunos casos ya se están planteando presentar recursos.
La normativa ha levantado ampollas en el sector de las renovables que superó en el caso de las tecnologías solares y las eólicas las planificaciones del Gobierno.
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