
Cualquier edificio puede producir su propia energía. Esto es algo técnicamente factible, y cada vez se hace más, mediante la instalación de generadores solares fotovoltaicos. Esta realidad arrancó en nuestro país gracias a un decreto del año 2000, al que contribuimos decisivamente desde Greenpeace.
Desde entonces hemos visto que lo que parecía un sueño utópico ha ido creciendo, y actualmente la energía solar produce entre un 2% y un 3% de la electricidad que se utiliza en España.
Sin embargo, una cosa es producir electricidad de forma distribuida y otra consumirla. Cualquier edificio debería también poder consumir la energía que genere. Es lo que se conoce como autoconsumo, algo que la normativa actual no permite.
Antes eso no tenía importancia, ya que el coste de la electricidad solar era muy superior al de la energía que compramos de la red, por lo que el sistema que se diseñó se basaba en permitir vender la electricidad solar a las compañías eléctricas (a un precio primado para hacerlo rentable), de forma paralela e independiente de la electricidad que ese mismo edificio compra a la compañía.
Pero el gran crecimiento de la energía solar en cada vez más países ha llevado a que el coste de esa energía sea cada vez menor, mientras que la tarifa que tenemos que pagar por la energía que compramos es cada vez mayor. Y es muy probable que, en muy pocos años, la situación llegue a ser la inversa: que sea más barata la electricidad solar que la que nos sirven las compañías eléctricas.
Ahí es donde tiene sentido y cobra importancia el autoconsumo. El Gobierno lo sabe, y está preparando una normativa para permitirlo, que contiene elementos muy positivos, como un procedimiento abreviado para las instalaciones de menor potencia, el anuncio de un sistema de compensación económica por saldos entre la energía producida y la consumida, y la extensión de este sistema más allá de la energía solar, para cualquier sistema de energía renovable o de cogeneración.
Sin embargo, el miedo a disgustar a las eléctricas ha hecho que el Gobierno ponga nuevas barreras, o mejor dicho, que mantenga a estas instalaciones de generación distribuida sometidas a algunas de las mayores barreras que actualmente frenan el crecimiento en general de las renovables, ya que no exime a estas instalaciones de estar sometidas a los cupos máximos que limitan cuánta energía renovable se puede instalar cada año en España, ni las exime de presentar avales como una gran central.
Greenpeace ha presentado alegaciones al nuevo decreto, con el fin de mejorarlo y pedir que entre en vigor cuanto antes. Porque, por mucho que se empeñen, no se pueden poner puertas al campo.
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